Uno de los objetivos de la gran reforma operada con la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, es intentar suprimir la función represiva que hasta entonces tenía acogerse a una suspensión de pagos o quiebra. Así, desde la aparición de la mencionada ley se han articulado un sinnúmero de reformas legales que, empezando por la supresión del término “quiebra” y su reemplazo por el término “concurso”, han buscado ofrecer un sistema ordenado de satisfacción de los acreedores, así como distintas soluciones para sortear la liquidación de los bienes de la persona deudora.